La Facultad de Ciencia y Tecnología adhiere al comunicado emitido por el Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Bioing. Anibal Sattler, en el marco del plan de lucha de las Universidades públicas contra el ajuste y desfinanciamiento.
 

Escribe: Bioing. Anibal Sattler

En mi carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con el acompañamiento de mi equipo de gestión y haciéndome eco de diversas expresiones públicas de nuestros claustros en distintas sedes de la provincia, quiero expresar mi preocupación por la situación de la educación superior en nuestro país y manifestar mi solidaridad con las instituciones universitarias argentinas que ven amenazada la continuidad de sus actividades de docencia, investigación y extensión, como consecuencia directa de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

La Universidad Pública es un derecho, no un privilegio, que está enraizado en lo más hondo de un pueblo que ha visto crecer a sus hijos e hijas en ella. Para nuestra sociedad, la Universidad Pública, libre y gratuita, es más que una mera consigna: es la convicción que moviliza y mantiene alerta a una comunidad que está padeciendo el desfinanciamiento y el cercenamiento de sus posibilidades.
La Universidad Pública es la posibilidad concreta que tienen miles de personas en el territorio argentino para formarse, proyectar el ejercicio técnico o profesional, desplegar su potencial creativo y, fundamentalmente, para desarrollarse de manera integral en pleno sentido humano. Es el terreno para ejercer ciudadanía, para criticar el mundo en que vivimos, para pensar y diseñar alternativas a los problemas del colectivo social. Pero, también, la educación superior pública es la oportunidad que tiene nuestro país de proyectarse estratégicamente, formando a las y los profesionales, científicos, técnicos, docentes, investigadores y artistas necesarios para consolidar un proyecto de desarrollo soberano, federal e inclusivo, que atienda a las necesidades de nuestros territorios y nuestra comunidades.

Es por ello que resulta doloroso e inadmisible que la Universidad Pública, orgulloso emblema de calidad e inclusión del pueblo argentino, sea flanco de ajustes y recortes presupuestarios que coartan su crecimiento y ponen en riesgo su sustentabilidad. El reciente acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional, que desoye las voces de amplios sectores de la sociedad, nos trae el amargo recuerdo de largas jornadas de luchas en las calles, de intentos de achicamiento del sistema universitario e, incluso, de privatización de los derechos.

En este contexto, hay universidades prácticamente paralizadas, sus docentes y trabajadores en riesgo y el estudiantado expuesto a la discontinuidad de su proyecto formativo y profesional. El slogan “prepararse para vivir en la incertidumbre” y los discursos “meritocráticos”, se están convirtiendo en un franco atropello a los derechos sociales, culturales, educativos y económicos de miles de personas. Nuestros jóvenes tienen que tener la certeza de saberse necesarios en un país que les abre las puertas, les ofrece oportunidades y los convoca.

Frente a esta crítica situación actual, tenemos la responsabilidad y el desafío de seguir consolidando espacios de unidad de las instituciones universitarias para defender aquello que creemos un derecho humano y un interés ulterior de nuestro país: la educación y el pensamiento autónomo, soberano, nacional y latinoamericanista. Cada una de nuestras casas de altos estudios con su tradición, cultura, especificidades, particularidades territoriales e identidad política, debe ser parte de esta lucha por el futuro universitario argentino.

El centenario de la Reforma Universitaria nos encuentra en este contexto complejo y preocupante; quizás las banderas del movimiento que le dio origen puedan inspirarnos y fortalecernos ahora. En estos 100 años, la Universidad Pública atravesó críticos momentos. Los golpes militares, la “Noche de los Bastones Largos”, la persecución y el exilio de nuestros mejores científicos y docentes, la larga lista de estudiantes detenidos desaparecidos que provenían de las aulas universitarias, los embates neoliberales e intentos fracasados de privatización, nos hablan de la enorme fortaleza en la lucha de las Universidades Públicas que han logrado resistir, perseverar y crecer para, por y en el pueblo argentino.

Sabemos que esta situación es compartida por muchísimos otros sectores sociales que también han visto desmejorada su calidad de vida o desprotegidos sus derechos. Trabajadores y trabajadoras de la industria, el campo, del Estado y del sector privado; del sistema científico y tecnológico; jubilados; productores; pequeñas y medianas empresas; emprendedores; cooperativas; artistas; organizaciones de Derechos Humanos, ambientales, de mujeres; y otros sectores están en las calles reclamando al Estado lo que legítimamente les corresponde. No somos ajenos ni indiferentes a ello, nos entendemos como parte de un colectivo amplio que persigue un mismo objetivo: un Estado de Derecho que garantice la vida digna de su pueblo y los intereses nacionales.
La reciente Conferencia Regional de Educación Superior –realizada en Córdoba en junio pasado- lo volvió a ratificar: la educación pública es un derecho humano y una obligación de los Estados y, desde la UADER agregamos, su defensa una responsabilidad de todos, todas y todes.

En este rumbo inscribimos nuestra práctica institucional; en ese camino andamos con el resto de las universidades argentinas.