El 24 de marzo, hace hoy exactamente cuarenta y siete años, la Argentina se sumergió en la larga noche de la dictadura más sangrienta de su historia, una noche de oscuridad, censura y represión que duró siete años y medio.

La dictadura vino a enfrentar un proyecto basado en la búsqueda de la independencia, la soberanía, la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías populares; y lo hizo para implantar un modelo económico que produjo el desmantelamiento de la industria nacional y el predominio de la especulación financiera. Sus ideólogos, sin embargo, no vestían uniformes de fajina, sino que representaban al poder económico y contaban, además, con la complicidad de la Iglesia Católica.

Entre 1976 y 1983, la dictadura cívico-militar implementó un plan sistemático de exterminio contra todo aquel que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder y ejerció un Terrorismo de Estado que consistió en el secuestro, privación ilegal de la libertad, torturas, el exilio forzoso de miles de personas, la desaparición de 30 mil personas y 500 niños y niñas que fueron apropiados.

El sistema educativo no estuvo ajeno a las políticas represivas de la dictadura. Ni las universidades. El 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes y el 5,7 por ciento eran docentes.

La dictadura, además, dictó una nueva ley universitaria en la que dispuso que las universidades quedaban bajo el control del Poder Ejecutivo, se suprimieron los órganos colegiados de gobierno, la actividad gremial, se prohibió toda actividad política, se eliminó la libertad académica a los docentes y en distintas universidades nacionales se cerraron carreras que eran consideradas focos subversivos, especialmente en el área de las ciencias sociales y humanas.

La universidad quedó bajo sospecha: la educación, se dijo, era el espacio donde la subversión podía desarrollar su tarea y por ello se debía estar atentos a todo aquello que pudiera dar lugar a su expresión.

Al mismo tiempo, se libró una batalla ideológica hacia el interior de la universidad: a los miles de desaparecidos se sumaban las listas interminables de cesantías de docentes y administrativos que no comulgaban con el régimen.

Las bibliotecas fueron diezmadas, se sacaron de circulación y se destruyeron cientos de miles de libros, documentos y testimonios contrarios a la doctrina del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El listado incluyó a autores como Louis Althusser, Ariel Dorfman, Rodolfo Puiggrós, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Jean Piaget, Sigmund Freud, George Lukacs, Marta Harnecker, Herbert Marcuse, Walter Benjamin y Rodolfo Walsh, entre tantos otros. El denominador común era que trataban sobre cuestiones fuertemente vinculadas con lo social y sus autores tenían militancia en el peronismo argentino o eran reconocidos marxistas o comunistas.

El terror se apoderó de las aulas.

Cuarenta y siete años después, este 24 de marzo debe interpelarnos como sujetos universitarios, pero también como ciudadanos para tomar conciencia de lo que sucedió en aquellos tiempos y, a la vez, hacer carne en la comunidad el legado de lucha por Memoria, Verdad y Justicia.