A partir del 23 de abril comenzará el dictado virtual de la propuesta en la que se trabajará sobre planificación y políticas públicas en torno a la temática. El Dr. Miguel Ángel Barrios plantea en esta nota algunos de los disparadores que incluirá esta instancia de formación gratuita que se extenderá hasta el mes de noviembre.
 

La Facultad de Ciencia y Tecnología, a través de su Secretaría Académica, organiza la Cátedra Abierta “Seguridad Ciudadana: planificación y políticas públicas”, a través de las cual se busca afianzar el concepto de seguridad ciudadana que significa la asociatividad en la prevención del Estado y la ciudadanía para suplantar al anacrónico concepto de seguridad como orden público, que solamente focaliza las políticas públicas en las fuerzas de seguridad.

Se trata de una capacitación gratuita y virtual que estará a cargo del Dr. Miguel Ángel Barrios y el Lic. Darío Dans y que se encuentra destinada a estudiantes y docentes de licenciaturas en Criminalística en Seguridad Pública y Ciudadana, funcionarios públicos, empleados del Poder Judicial, de Fuerzas de Seguridad de todas las jerarquías, integrantes de las FFAA, y público en general interesado en la temática.

El programa cuenta con ocho encuentros -uno por mes-l, cuyo inicio está previsto para el sábado 23 de abril, además de actividades asincrónicas. Las inscripciones se realizan de manera online AQUÍ.

A modo de adelanto, el Dr. Barrios repasó los principales aspectos que dan lugar a la iniciativa. En este sentido, remarca que “el campo de la Seguridad Ciudadana es relativamente nuevo dentro de los estudios generales de Seguridad. Nace con el concepto de Seguridad Humana de las Naciones Unidas hace 20 años aproximadamente. Resulta necesario abordar en primer lugar el origen etimológico de la palabra seguridad, que proviene del latín y significa una capacidad de un actor determinado para protegerse, lo mismo puede trasladarse, en términos multidimensionales, a la seguridad comunitaria. La seguridad estaba vinculada en su origen a la polis en Grecia y a la ciudad en Roma”.

En la actualidad, el especialista señala que América Latina es el continente de mayor violencia. “Este problema se profundiza por la presencia del narcotráfico, la comercialización de las drogas y la conquista territorial de ciudades, lo que implica una estructura de desarrollo territorial a través del crimen organizado.Terminan siendo organizaciones políticas económicas cuando comienzan a manejar el poder y traen de la mano problemáticas que atraviesan a todos los sectores sociales”, indica.

“Gran parte de las causas de la inseguridad es fruto de la alta heterogeneidad urbana; es decir, dentro de una urbe existen grandes desigualdades sociales que profundizan situaciones como el negocio de las drogas, la falta de trabajo y de perspectivas,  la vulnerabilidad de las familias, la violencia intrafamiliar y los femicidios,en el marco de un régimen patriarcal”, detalla a la vez que sostiene que “en América Latina se fue generando una cultura de la violencia que nunca fue abordada como política de Estado, recién en los últimos años se crearon espacios específicos con la intervención de gabinetes multidisciplinarios”.

Frente al cuadro presente del narcotráfico, expresa que “antes había países productores y otros consumidores. En Argentina éramos principalmente un país de paso, mientras que actualmente ya somos un país productor, consumidor, de comercialización, tráfico y país lavador. Y este tipo de crimen organizado es posible gracias a la complicidad de ciertos sectores de la política, del empresariado, de las fuerzas de seguridad. Siempre hay un sector cómplice, por supuesto minoritario. La criminalidad organizada es una red internacional que cuenta con zonas liberadas a través de complicidades nuestras”.

“Nuestros países carecen de una política de Estado que permita abordar la complejidad del tema, el dilema seguridad-inseguridad no es solamente un tema de represión, hay que generar políticas de prevención destinadas a la familia y a la sociedad en sentido amplio. Lo que significa una línea no policial que comprenda la educación, la salud, el deporte y la cultura; además de una prevención en segunda instancia policial, que requiere una profunda capacitación profesional en varias provincias para actualizarse. Acá entramos al terreno de la seguridad pública y de la ciudadana y también de la seguridad  privada. La seguridad pública es la del Estado y sus fuerzas legitimadas para generar el orden público, estamos hablando del poder judicial y las fuerzas de seguridad. Para generar capacidad de protección sobre la vida, los bienes y derechos humanos de las personas, nuestras policías y nuestras fuerzas requieren de la participación de la comunidad a través de foros vecinales y de observatorios de la violencia municipales, por ejemplo. Hay que des-policializar al concepto de seguridad en términos operativos. La policía es fundamental en términos profesionales, pero al mismo tiempo tiene que haber una alianza entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Por otro lado la seguridad privada, tiene que ser una fuerza complementaria a la seguridad ciudadana, no antagónica, que tiene que estar controlada por el Estado”, subraya.

En relación a todo este panorama, Barrios dice que las universidades cumplen un rol fundamental en todo el proceso ya que “no podemos dejar en mano de las escuelas y academias policiales la inteligencia criminal, porque quedamos refugiados solamente en el viejo concepto de seguridad pública. Bajo el concepto ampliado que representa el de seguridad ciudadana en los últimos años, comienzan a surgir en el mundo carreras de seguridad ciudadana para formar funcionarios civiles. Uno de los grandes problemas de Argentina es que se carece de funcionarios especializados porque se confunde muchas veces al especialista en seguridad con el abogado penal. El penalista tiene como fin determinar y tipificar un delito a través de un código preestablecido como es el Código Penal, pero el estudio de la seguridad implica un estudio en un sentido más amplio que incluye las causas, cómo dirigir a las fuerzas de seguridad y cómo planificar con los otros organismos del estado la seguridad ciudadana. Entonces, la seguridad no es el derecho penal, es el estudio de los factores criminológicos que generan seguridad en un territorio”.

Finalmente, manifiesta que un factor muy positivo con el que cuenta la región es la “gran fuerza y deseo de la comunidad para revertir la situación de inseguridad y de ahí la importancia de que sea la Universidad el lugar indicado para abordar científicamente la problemática”. Específicamente sobre la UADER expresa que “tiene los elementos y los componentes necesarios para constituirse como un gran laboratorio en materia de seguridad ciudadana y pública, con un soporte fuerte en los conocimientos científicos que proporciona la Licenciatura en Criminalística y la experiencia en la Licenciatura en Seguridad Pública”.