En Argentina se han incrementado en los últimos años los incidentes de seguridad informáticos y los ciberataques, un fenómeno asociado directamente al mayor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Solo en Entre Ríos, existen actualmente unas 450 investigaciones en curso por delitos en los que se han utilizado medios tecnológicos para cometer un delito.

Este tipo de fraudes, también denominados como ciberdelitos, consisten en acciones realizadas por personas físicas mediante la utilización de medios informáticos o electrónicos, en internet o en el ciberespacio, contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas informáticos, redes y datos digitales.

Así, la sociedad se ha familiarizado con términos como phishing, ransomware, suplantación de identidad, sexting, grooming o cripto-estafas, tales las modalidades más comunes de engaños digitales que crecieron en el último tiempo.

Con el objetivo de echar luz sobre estas modalidades de estafas y prevenir a la población, la FCyT inauguró un nuevo ciclo de conversatorios sobre ciberdelitos con la participación de abogados, especialistas informáticos, investigadores policiales y peritos expertos en la materia.

En la presentación del ciclo, la decana de la FCyT, Esp. Lic. Daniela Dans, agradeció el compromiso de docentes y estudiantes que participaron de la charla, a la vez que resaltó “el trabajo de planificación que viene desarrollando el equipo de gestión para anticiparnos a los problemas que debe enfrentar la sociedad y pensando cuáles son las herramientas que tiene para aportar la universidad pública y buscando ampliar nuestra oferta académica”.

La primera charla del ciclo de conversatorios inaugurado por la FCyT, denominada “Nuevas Herramientas de Investigación Criminal en los Ciberdelitos. Evidencia digital. Legalidad de las mismas”, contó con la presencia de Ángel Gabriel Pasutti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos; el subdirector, Horacio Blasón; el jefe de la División Capacitación de la misma área, Gabriel Ferro; la Lic. Cecilia Bressan, docente de la FCyT y perito del Poder Judicial; y el abogado penalista Pedro Fontanetto, que se ha especializado en la investigación de ciberdelitos.

Los desafíos de los investigadores

Ferro, que es actualmente jefe de la División Capacitación de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía, resaltó que “en esta era de las nuevas tecnologías nadie está a salvo de los ciberdelincuentes”, pero resaltó que la fuerza policial tiene en su orgánica un área dedicada a la Inteligencia Criminal, a través de la cual se busca satisfacer las necesidades de información para la resolución de un hecho delictivo.

La Policía, en tanto, auxiliar de la Justicia, interactúa en forma permanente con los fiscales y jueces de garantías porque, según explicó Ferro, “no se puede investigar libremente, sino que cuando se realizan ciber-patrullajes o investigaciones sobre fuentes abiertas (redes sociales o sistemas públicos), siempre hay un contralor del fiscal, que es quien dirige la investigación”.

Incluso, los delitos comunes, como robos u homicidios, se pueden investigar mediante la utilización de medios tecnológicos, ya que es posible recolectar indicios a partir de las búsquedas que ha hecho un sospechoso en cualquier motor de búsqueda o por la geolocalización de su teléfono celular en el momento del hecho.

El límite, aclaró el investigador policial, es la intimidad de las personas, la protección de sus datos personales y sus garantías constitucionales.

En la misma línea, el abogado Pedro Fontanetto, diplomado internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación, aunque lo hizo a partir de una pregunta: ¿Tenemos desde el Estado las herramientas para combatir los delitos digitales de manera efectiva y en el marco de la legalidad?

La pregunta encierra una crítica del letrado y docente de la FCyT en la que luego se explayó: “Es necesario dotar a las fuerzas policiales de las herramientas de investigación, generar acuerdos con organismos de otras provincias e incluso pautas de colaboración trasnacionales” y agregó: “También hay que optimizar los mecanismos de investigación y los recursos públicos de modo de no saturar el sistema”.

Fontanetto resaltó en su exposición que “el Estado está atrasado en términos de política criminal contra el cibercrimen” y puso como ejemplo que el Ministerio Público Fiscal no tiene una estructura especializada en este tipo de delitos, a diferencia de la que sí existe en la Policía; agregó que “tampoco hay en la provincia una legislación acorde y actualizada que asegure investigaciones transparentes y con reglas de juego claras” y “falta decisión política para combatir el ciberdelito”.

A su turno, la docente Cecilia Bressan, licenciada en Sistemas de Información y perito del Poder Judicial, hizo una pormenorizada exposición sobre las técnicas que se utilizan actualmente para la recolección y análisis de evidencia digital, como así también el cuidado de la cadena de custodia, a fin de evitar que el material se contamine y quede inutilizado como prueba en un proceso penal.

La docente explicó que evidencia digital es aquella información y datos de valor para una investigación criminal que se encuentra almacenada o ha sido recibida o transmitida a través de un dispositivo electrónico; y detalló que recientemente “los peritos judiciales hemos incorporado nuevas herramientas de inteligencia artificial para la investigación penal y para la detección de distintos patrones delictivos”.

Este primer conversatorio sobre ciberdelitos registró alrededor de 130 inscriptos, que siguieron las exposiciones en forma presencial, en el hall de la Sede Oro Verde; y virtual, a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad.

El programa de fortalecimiento institucional diseñado por la FCyT para el bienio 2023-2024 prevé la realización de nuevas actividades, charlas y conversatorios con especialistas para fortalecer la formación académica de los estudiantes.