La Facultad de Ciencia y Tecnología firmó un convenio con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos para garantizar el cumplimiento de la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en temas ambientales para empleados públicos, con énfasis en desarrollo sostenible y cambio climático.

 El convenio, que firmaron el decano de la FCyT, Abog. Esp. Juan Pablo Filipuzzi; y la vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Abog. Andrea Saxer, propone una colaboración para llevar adelante la promoción de acciones conjuntas tendientes a crear lazos de cooperación y complementación entre ambas.

 Concretamente, las acciones tienen por finalidad establecer un marco de colaboración que permita el desarrollo conjunto de actividades de índole académica, de extensión, investigación y capacitación, en beneficio mutuo y con impacto en la comunidad.

 En este marco, el convenio contempla llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en temas ambientales para empleados públicos y funcionarios, promoviendo así la formación en materia de desarrollo sostenible y protección del ambiente.

 Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y principalmente de quienes planifican e implementan políticas públicas. El objetivo principal de la Ley Yolanda es que los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

 La Ley Número 27.592 lleva el nombre de Yolanda Benjamina Ortiz, una química argentina nacida en 1926, que empezó su vida profesional trabajando en Shell y luego pasó a la función pública. Fue la primera Secretaria de Ambiente de Argentina en 1973, nombrada por el entonces presidente Juan Domingo Perón, tras su exilio en España. Creía en la inextricable conexión entre cuestiones medioambientales y económicas, y afirmaba que era “necesaria y urgente una revolución mental” para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza.

 El convenio entre la FCyT y el Colegio de la Abogacía también prevé que los estudiantes, docentes e investigadores, como también abogadas y abogados que participen en la elaboración de investigaciones podrán utilizarlos en congresos u otros ámbitos académicos y citarlos como antecedentes de su actividad técnico-profesional.